Es interés supremo encontrar un modelo para las contrataciones públicas sean más transparentes: TJA

***La corrupción erosionó la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos: Loría Casanova

***Presenta el TJA-Gro cuaderno número 35 de la serie Gobernabilidad y Fiscalización: "cambio en el modelo de contrataciones públicas para el combate a la corrupción", de Alejandro Romero Gudiño

Chilpancingo.- Este viernes se llevó a cabo la presentación del cuaderno número 35 de la serie Gobernabilidad y Fiscalización: "cambio en el modelo de contrataciones públicas para el combate a la corrupción", del doctor Alejandro Romero Gudiño, titular del órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, evento organizado por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.

Al comentar la obra, la presidenta de este órgano jurisdiccional, Olimpia María Azucena Godínez Viveros reconoció que el doctor Romero Gudiño ofrece antecedentes torales que se dirigen hacia cómo visualizar la regulación de las contrataciones públicas en México, además evalúa la reglamentación vigente y realiza un análisis de derecho comparado, asimismo fórmula valiosas propuestas para llevar a cabo en nuestro país las contrataciones públicas de manera más transparente.

Consideró que debe haber una buena planeación y desarrollo de mecanismos preventivos y de control interno que ayuden a obtener las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, además de homologar criterios para las contrataciones.

Dijo que la ley General de Contrataciones Públicas que propone el autor, resultará de beneficio si estandariza las condiciones públicas con el propósito de mejorar los mecanismos correspondientes al control y rendición de cuentas y al establecimiento de criterios de buenas prácticas.

La magistrada presidenta indicó que coincide en que se debe generar un cambio de cultura hacia los servidores públicos involucrados en los procesos licitatorios con el propósito de propiciar honestidad en ellos.

En su intervención, el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado, Eduardo Loría Casanova, puntualizó que

a nivel mundial, el costo de la corrupción es sobre un 2 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, mientras que en México esta cifra se incrementa entre el 5 y 10 por ciento del total del Producto Interno Bruto.

Indicó que uno de los efectos de la corrupción es que está erosionado la confianza de los ciudadanos hacia los servidores públicos, pues dijo que casi siempre que se habla de un servidor público, se vincula la posibilidad de que haya corrupción, pero también desalienta la inversión.

Refirió que en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, uno de los ejes es "Guerrero Transparente", y ha sido enfático y ha puesto mucho interés en que el actuar de todos los servidores públicos se haga con transparencia y con rendición de cuentas.

Coincide con el doctor Alejandro Romero Gudiño en el sentido que al tener el control de los compras para unificarlas, se podrán tener mejores precios.

A su vez, al hablar de su libro, el doctor Alejandro Romero Gudiño dijo que una de sus tesis es que las contrataciones públicas son la piedra angular en el proceso de combate a la corrupción.

Indicó que de acuerdo al diagnóstico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México está ubicado entre los países con mayores índices de corrupción y menores índices de eficiencia en el gasto público.

Por eso, en esta obra, el autor propone transformar el sistema de contrataciones públicas del Gobierno Federal hacia un sistema más abierto y transparente para obtener mejores condiciones de precio y calidad en los bienes servicios arrendamientos y obra pública.

Además esto permitirá contribuir al desarrollo económico nacional a través de contrataciones públicas con abasto estratégico, así como responsabilidad social, generando una mayor participación de proveedores.

Comentó que las contrataciones públicas en México representan 997 mil millones de pesos, sin embargo la corrupción se ha institucionalizado, beneficiando a un grupo de personas y negando el acceso a los demás, lo que ha encarecido los bienes, arrendamientos y servicios.